El llamado “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum continúa avanzando en el país, luego de que congresos estatales aprobaran modificaciones que incluyen la reducción del número de regidores y límites a los salarios de funcionarios electorales. La medida forma parte de una estrategia orientada a disminuir el gasto público en el sistema político.
Entre los principales cambios avalados se encuentra el establecimiento de un máximo de regidurías en los ayuntamientos, así como restricciones al presupuesto de los congresos locales y topes salariales para autoridades electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores al del titular del Ejecutivo federal.
La aprobación del plan ha generado posturas encontradas. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de un paso hacia la austeridad y la eficiencia gubernamental, sectores de oposición advierten que los recortes podrían afectar la representación política y debilitar a las instituciones democráticas.
