El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta señalamientos por utilizar su despacho jurídico familiar para impulsar una campaña de promoción política a nivel nacional. Esta costosa estrategia en plataformas digitales tiene como objetivo fortalecer sus aspiraciones de cara a la contienda presidencial de 2030.
La investigación revela que la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del mandatario y su padre, destinó más de 82 millones de pesos a una empresa de comunicación para pautas digitales. Esta misma agencia publicitaria mantiene millonarios contratos vigentes con el gobierno estatal para manejar su imagen.
Estos movimientos financieros sugieren una red de triangulación de recursos públicos, donde proveedores del estado transfieren fuertes sumas al despacho familiar del gobernador. A pesar del evidente incremento patrimonial durante su mandato, la fiscalía estatal determinó previamente el no ejercicio de la acción penal ante estas denuncias.
